Arturo Rubio Ruiz

La Privatización de los Servicios Públicos

Por Arturo Rubio Ruiz

Muy caro estamos pagando el apoyo que brindaron en campaña los desarrolladores al grupo en el poder. La factura va mucho más allá de los 5 kilos mensuales que se ventilaron en redes sociales durante el proceso electoral. Con la descarada complacencia del gobierno federal, la anuencia del gobierno estatal, y el pleno entreguismo del gobierno municipal, los desarrolladores ya se adueñaron de las playas y de sus accesos; ya modificaron el trazo carretero para su exclusivo beneficio, y desde “su” sindicatura en Los Cabos, manejan presupuesto y reglamentos municipales a su antojo, tejiendo en su favor un traje a la medida de sus intereses.

Pero su ambición parece no tiene límites, y la factura con cargo a la administración estatal ahora les permite, desde el Congreso del Estado, modificar el Código Civil y la Ley Condominal en el Estado, para crear, a través de un abominable engendro legaloide y apócrifo, el marco legal necesario para convertir los fraccionamientos en pequeños feudos donde los desarrolladores podrán cobrar cuotas a su antojo, crear reglamentos, sancionar, cobrar por la prestación de los servicios públicos e incluso apropiarse de los bienes de aquellos a quienes sancionen.

De aprobarse la reforma al Código Civil y a la Ley Condominal que formularon los desarrolladores y que presentarán el martes al Congreso por conducto de su palafrenero en el congreso, testaferro mensajero y turiferario que cobra al erario como diputado, pero que no representa al pueblo sino a sus patrones, -los barones inmobiliarios del sur del estado-, en Baja California Sur será legal que en los fraccionamientos, los desarrolladores operen como si fueran administradores de “su” propiedad, convirtiendo virtualmente la propiedad privada fraccionada, la vía pública y las áreas públicas, en coto de poder donde los administradores ejercerán el poder legislativo, pues ellos elaborarán los reglamentos que serían obligatorios y aplicables sobre propiedad privada, vía pública y áreas públicas; ejercerán el poder judicial, pues serán los administradores los que interpreten, y apliquen su ley, y se convertirán en poder ejecutivo, pues ellos mismos sancionarán a los infractores, con penas que previenen en sus propios reglamentos, y que llegan hasta el decomiso y adjudicación de bienes propiedad de los infractores, “sin necesidad de resolución judicial para ello”.

De aprobarse esta reforma que el martes a primera hora presenta al Congreso el diputado “inmobiliario”, a través de una falaz figura, aplicarán a los fraccionamientos, propiedad privada con accesos y arterias de vía pública y zonas públicas, disposiciones homologadas a las vigentes en los condominios, y con ello, privatizarán los servicios municipales, haciendo de ellos un pingüe negocio, y ejercerán funciones propias de los poderes estatales.

Debe privar la cordura y la mesura entre nuestros diputados. No permitamos que se aplique el mayoriteo vía madruguete o maiceo. NO PUEDE PASAR ESA REFORMA LEGAL, que convertirá los fraccionamientos en cotos feudales, propio de regímenes colonialistas y monárquicos.

El truco es burdo, simple, grotesco, pero si no están atentos, pueden engañar a los asesores parlamentarios de nuestros diputados, (hablamos de los verdaderos asesores, los de academia, los profesionales del derecho, no la bola de parientes insertados en el Congreso y que cobran parasitariamente como asesores, sin tener los conocimientos, la capacidad y la experiencia necesarias para hacerlo).

LA CLAVE DEL ENGAÑO

Modificando el artículo 25 del Código Civil, pretenden cambiar la naturaleza jurídica del condominio, que es un régimen de propiedad privada, homologándolo con las entidades colectivas con personalidad y patrimonio propio, tales como La Nación, los Estados y los Municipios, sociedades y asociaciones, lo cual es un absurdo jurídico, pues una cosa es el condominio, régimen de propiedad sobre bienes inmuebles, y otra cosa muy distinta la asociación de condóminos que dispone de dichos bienes, pero al “homologar” en su reforma al condominio con las entidades jurídicas colectivas, abren la puerta para -modificando la ley condominal-, crear otro engendro: el equiparado a condominio, mediante el cual, los desarrolladores pueden manejar como condominios los fraccionamientos, con todas los excesos de poder y usurpación de funciones que ya hemos enunciado, de manera ejemplificativa únicamente. Puede ser peor.

NUESTRA PROPUESTA: Sabemos que –por fortuna-, no todos nuestros diputados están de acuerdo con los afanes desmedidos de los desarrolladores del sur del Estado. A ellos les pedimos que rechacen este burdo y majadero intento de convertir Baja California Sur en un emporio feudal donde los barones inmobiliarios emitan sus leyes, las apliquen y las ejecuten, a su entero capricho y pasando por encima del marco constitucional federal y estatal.

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