Arturo Rubio Ruiz

LA PAZ QUE NOS ROBARON. ¿CUÁNDO LA RECUPERAREMOS?

Por Arturo Rubio Ruiz

La violencia urbana, las ejecuciones, las balaceras, los levantones, son ejercicios de criminalidad que reflejan el amplio margen de incapacidad e ineptitud de las fuerzas de la seguridad pública encargadas de la prevención, disuasión, contención, investigación, persecución y sanción de los delitos.

Tras el frustrado intento de crear el llamado “mando único”, las fuerzas del orden público tendrán que reajustar sus parámetros de acción, y tendrán que abandonar la inercia que actualmente ha propiciado la escalada delictiva en el Estado. Tenemos corporaciones del orden municipal, estatal y federal, fuerzas civiles y militares, todas con mando propio y recursos específicos, cuya misión y visión comparten un fin común: la paz y la seguridad de los habitantes del Estado. Donde existe la fractura es en el manejo de la información y en la coordinación de esfuerzos y aplicación de operaciones conjuntas. Cada corporación cuenta con servicios de inteligencia, pero la información no se cruza, se reserva, y la acción se limita porque no existe un plan rector ni un esquema eficaz de operación.

Toda esa falta de coordinación operativa, aunada a la infiltración de las organizaciones criminales en mandos medios y superiores dentro de las corporaciones policiales, general en panorama que hoy enfrentamos. En materia de prevención del delito, las corporaciones municipales carecen de capacitación, experiencia, equipamiento y distribución eficaz de los recursos. Con el nuevo sistema de justicia, la figura de “primer respondiente” exige a la policía municipal una enorme carga de trabajo, que no es compensada salarialmente. Los agentes de la policía municipal no saben ni quieren ser primeros respondientes. El resultado es un abandono manifiesto al ejercicio de reacción inmediata que exigen los delitos de alto impacto que hoy asolan la entidad.

La policía estatal está enfrascada en una lucha que tiene muchos tientes de simulación, contra el narcomenudeo. Se dedican preponderantemente a detener pequeños distribuidores, sin escalar en la expectativa de investigación y captura, a la localización y detención de los grandes distribuidores. Esta labor de simulación que solo busca llenar estadísticas, se realiza de la mano del personal policial de la PGR, que son expertos en llevar ante al juez de control, a pequeños vendedores de droga que más tardan en ser presentados que liberados.

No existe un programa efectivo de persecución y combate contra las organizaciones criminales que operan en el Estado y que se pelean “la plaza” por la elevada rentabilidad que el alto consumo representa y por lo fácil que resulta corromper y controlar a las fuerzas policiales. De hecho, para la PGR, los 300 ejecutados en los últimos 4 años que aparecen en los registros oficiales, no reflejan una actividad del crimen organizado que merezca su intervención persecutora. A la PGR solo le interesan las estadísticas y la foto periódica, quemando las drogas aseguradas. Simulación oficial.

Las fuerzas militares, que cuentan con excelentes servicios de inteligencia, logística, recursos materiales y humanos, enfrentan una limitante competencial constitucional y convencional que no les permite desplegar todo su potencial operativo. Su accionar está limitado a patrullajes y acciones de protección periférica en operaciones realizadas por corporaciones policiales.

En el estado no existe la coordinación de todas estas fuerzas, ni la visión de Estado ni la voluntad política para emprender una acción frontal contra el crimen organizado. Hay demasiada gente incrustada al grupo en el poder, vinculada con el crimen organizado, como para correr el riesgo de poner en evidencia al sistema.

Las narco mantas que de cuando en cuando nos informan sobre los reclamos y amenazas de los grupos criminales, y que acusan la complicidad de servidores públicos y narco criminales, son un referente del descaro con que se manifiestan los propósitos, exigencias y amenazas de los delincuentes que se disputan el control de la actividad criminal en la entidad, sin que veamos una reacción contundente de nuestras autoridades.

En materia de procuración de justicia, queda claro que la arrogancia del gobernador es el único soporte que sostiene en el encargo al actual titular, pues al removerlo, estaría aceptando públicamente que se equivocó al designarlo. Así que tendremos que esperar que los entretejes de la política choyera le brinden al gobernador la “cobertura” adecuada para remover al actual titular de la procuraduría, sin que su gigantesco ego salga muy raspado. Y el relevo será de la vieja guardia, -donde destacan dos buenas opciones-, porque no repetirá el error de importar otro, y porque su misoginia le impide designar a la mejor opción que hay actualmente en las filas de la Procuraduría.

Y tendremos que esperar mucho más tiempo para recuperar la paz que nos robaron, porque la seguridad pública está en manos de políticos, cuando debería estar en manos de profesionales en la materia.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s