Congreso BCS

Rechazo generalizado a la pensión vitalicia a Magistrados

“Si hubiera bonanza, superávit y sobraran los recursos”… tal vez

La Paz, Baja California Sur.- Se dio a conocer que con el decreto 2421 de la edición número 20 del Boletín Oficial del Estado, publicado el día 31 de diciembre de 2016, el Congreso de Baja California Sur aprobó antes de iniciar su periodo de receso diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, y debido a ello ahora los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado accederán a una pensión vitalicia.

Los actual legislatura local reformó el artículo 8 de la referida ley, facultando a los magistrados que hayan sido reelegidos que al finalizar su periodo constitucional obtengan un retiro remunerado con la totalidad de sus percepciones en los dos años posteriores al mismo, el cual disminuirá 10 por ciento cada dos años hasta llegar a un 70 por ciento, cantidad que se entregará al magistrado indefinidamente hasta el día de su fallecimiento.

Ante esta polémica situación que ha generado el rechazo de la ciudadanía sudcaliforniana, se han comenzado a dar las primera reacciones de repudio, tal es el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Baja California Sur, dirigida por Fabricio González Rodríguez, quien reprobó esta modificación a la ley, asegurando que “representa un dispendio y un uso abusivo de los recursos públicos”, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial, pero también al gobernador Carlos Mendoza Davis y al Congreso del Estado, para que se conforme a la brevedad un programa de austeridad que permita hacerle frente a los recortes presupuestales que habrán de suceder en este 2017.

Detalló el líder empresarial que el gasto de operación de la burocracia en los tres niveles de gobierno, y también en los tres poderes del estado, requiere de un análisis detallado de las percepciones que reciben, tal y como lo son los sueldos, compensaciones, bonos, apoyos y demás retribuciones que se están otorgando los legisladores sin ton ni son, así como los magistrados y demás funcionarios públicos estatales, esto para determinar hasta dónde es conveniente que se sigan entregando los mismos, y en su caso recortar aquellos que representen una carga innecesaria al erario público.

El dirigente de la Coparmex externó además que se está hablando también de los recursos que se utilizan para la publicidad, promoción, información, gasolina, celulares, viajes, gastos de representación y viáticos.

“Tenemos que tener un análisis minucioso exhortando a un análisis de austeridad que permita a los sudcalifornianos recuperar la confianza, y así seguir confiando en nuestros servidores públicos”, aseguró Fabricio González, reiterando que de no hacerse “la molestia de la ciudadanía terminará reflejándose en las urnas en 2018”.

Aseguró también González Rodríguez que los habitantes de la media península “ya no somos de memoria corta y que estamos hartos de la corrupción que prevalece”, por lo que dijo que se requieren medidas que vayan más allá de las buenas intenciones, tal y como lo son el ejercicio de la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de nuevas medidas para regular el ejercicio del poder con sensibilidad y consciencia social.

Por otro lado, Arturo Rubio Ruíz, presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de la entidad, aseguró que estas iniciativas aprobadas por el Congreso del Estado reflejan el abuso de poder y el reparto del presupuesto público entre los tres poderes de la entidad, “ello a costa del contribuyente”, por lo que reprobó tales adiciones a la ley que benefician a los funcionarios ya mencionados.

“El Ejecutivo se adjudicó los ingresos del municipio, el Legislativo se adjudicó partidas que no corresponden a su función esencial y que permiten a cada diputado disponer de cuatrocientos mil pesos mensuales, es verdaderamente excesivo, y para que no protesten los magistrados les dieron este beneficio inusitado, o sea pensiones vitalicias que te hablan del poder que se concentra en unos cuantos que ejercen una función pública, pensando más en su beneficio que en un beneficio social por en estas épocas de crisis”, aseguró el reconocido jurisconsulto.

“Si hubiera bonanza, superávit y sobraran los recursos, quizás estaría muy bien que se generara esta expectativa, pero ante la situación que se está viviendo en la entidad es un insulto al ciudadano, pues solo porque se ejerce un cargo público durante cierta temporalidad breve sea sostenido el resto de su vida con un salario que corresponde a una función de elevada responsabilidad y actividad transcendente para el Estado”, detalló el presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines.

Finamente, Rubio Ruíz dejó entrever que este tipo de privilegios son aquellos que la Constitución Política de 1917, cercana a cumplir su primer centenario de promulgación, buscaba erradicar después de que el sistema colonial en la época virreinal permitiera esta desmesurada concentración de recursos económicos en un círculo pequeño de personas en el poder, por lo que se manifestó a favor de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

FUENTE: Peninsular Digital

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