Ciencia y Tecnología

Daniel Gallo Rodríguez y el Consejo de la Judicatura Ilegal

¿En manos de quien esta la administración de justicia en Baja California Sur?

De acuerdo a nuestra Constitución Federal y del Estado de Baja California Sur, en el Poder Judicial de las entidades federativas se descarga su actividad jurisdiccional, es decir la administración de la justicia, aplicación e interpretación de las normas legales de carácter local.

Se entiende pues, que cualquier diferencia entre particulares, entre particulares y el estado, o inclusive entre poderes públicos locales dichas controversias serán dirimidas por dicho poder judicial tratándose de leyes locales; por tanto sus integrantes deberán ser verdaderos conocedores del derecho, pues son quienes aplicarán la ley en nuestro estado.

Sin embargo, hemos advertido a fechas recientes que conjuntamente con nuestro Congreso Local son verdaderos neófitos de la ley, violan las normas a su conveniencia, y el famoso y traído Consejo de la Judicatura no es la excepción.

Como saben, en Febrero pasado se creo el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y 4 de sus 5 integrantes se encuentran en ilegalidad, ya sea porque su nombramiento o el puesto que ejercen lo hacen en contravención a la ley o la constitución, o bien porque no cumplen los requisitos exigidos por la misma.

A ciencia cierta, el único que cumple con los requisitos es el Consejero nombrado por el Ejecutivo, sin embargo los restantes cuatro no, y aquí están los detalles:

1.- Consejero Magistrado y Consejero Juez de Primera Instancia. De acuerdo al Boletin oficial No. 5, de fecha 10 de Febrero de 2017, mismo que señala en apartado correspondiente al Poder Judicial, en donde se hace saber que la Secretaria General de Acuerdos del Pleno y la Presidencia que dentro del Acta de Sesión de Pleno número 49, celebrada con fecha 13 de Diciembre de 2016, se acordó lo siguiente:

“Que el Presidente, propone a los magistrados integrantes del Pleno, en términos de lo previsto en los artículos 97 fracción XIV, y 100 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, que sean designados como Integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por parte de este Organo Colegiado, al Licenciado HECTOR HOMERO BAUTISTA OSUNA, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en materia Penal, así como al Licenciado CARLOS ADRIAN LEON ZEPEDA, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en San José del Cabo, Baja California Sur; al respecto, Los Magistrados por Unanimidad de votos, determinan acordar de conformidad la propuesta planteada por el Magistrado Presidente…”.

Como se puede advertir, los citados nombramientos se llevaron a cabo en contravención de la Constitución del Estado, pues no se siguió el procedimiento establecido para ello.

Violación que se cometió por el Magistrado “Presidente” y confirmado aparentemente por los señores Magistrados ignorantes de la ley suprema estatal, ya que la misma establece:

“97.- Son facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia:
XIV.- Designar, en votación secreta por la mayoría de sus integrantes al Magistrado y Juez de Primera Instancia que, conforme al numeral 100 de ésta Constitución, será miembro del Consejo de la Judicatura; y”

Es decir, el procedimiento es que se llevara en votación secreta, en insaculación y NO por “propuesta del presidente y aprobada por los magistrados”, pues dentro de las normas que integran la Ley Orgánica vigente en ese entonces, es decir anterior a la que entra en vigor el 1 de Enero de 2017 pues la sesión es de 13 de Diciembre de 2016, no existe ni facultad para el presidente de proponer, ni facultad del pleno para designar.

Así es, se insiste el Pleno del Tribunal además NO TENIA A ESA FECHA facultades para ello, en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que otorga esas facultades al Pleno de Magistrados no nacía a la luz jurídicamente, pues la misma fue aprobada hasta el 17 de Diciembre de 2016 por el Congreso del Estado, publicada en Boletin oficial hasta el 31 de Diciembre de ese año y entró en vigor el 1 de Enero de 2017; En donde ya aparece dicha facultad en el artículo 14.

Vaya pifia de nuestros representantes de la Ley, violando los procedimientos, que podemos esperar como ciudadanos.

2.- Consejera Ciudadana nombrada por el Congreso del Estado. Como todos sabemos, dicho nombramiento recayó en la LIC. LIGIA PATRICIA MUÑOZ PEÑA, quien a su vez es Presidenta a la fecha del Colegio de Abogados de baja California Sur.

En nuestra Constitución Política existe una prohibición para llevar a cabo esa actividad, que aún realiza dicha consejera.

Veamos,

Artículo 98 .- ….
(ultimo párrafo) Ningún funcionario Judicial podrá tener ocupación o empleo diverso, con excepción de los docentes, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo.

Hasta la fecha, dicha funcionaria judicial lleva a cabo doble función, Consejera y a su vez Presidenta del Colegio de Abogados. ¿Será causal de revocación de su nombramiento como Consejera?, ¿Tendra la calidad moral dicha consejera de sancionar a jueces y funcionarios judiciales como presidente de la comisión de carrera judicial?, como podrá hacerlo si ella comete una irregularidad en contra de la misma Constitución Politica del Estado.

Seguimos sin entender, cuantas atrocidades legales más pueden cometer estos Magistrados y Consejeros.

3.- El más grave, es el de quien se hace llamar “Consejero Presidente”, quien a su vez dicho encargo viene de ser supuestamente Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Como todos sabemos Daniel Gallo Rodríguez, el mesías del poder judicial, pues así lo alaban los políticos en su ultimo informe de labores, entró en dicha función el 22 de Enero de 2012, quien fue electo por el Pleno de Magistrados en virtud de haber quedado vacante dicha Presidencia por “renuncia” del entonces presidente Ignacio Bello Sosa, concluyendo su primer periodo en Abril de 2014; ilegalmente en Abril de 2014 fue reelecto de nueva cuenta para cumplir el periodo 2014-2017, por presión e instrucción del entonces Gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

Nada mas y nada menos, que la Constitución Política del Estado de B.C.S. no permite la reelección del cargo de Magistrado Presidente, tal y como lo señala el artículo:

“95.- El Tribunal Superior de Justicia funcionará en los términos que lo determine la Ley orgánica. El Tribunal, en escrutinio secreto, en la primera sesión que se celebre durante el mes de abril del año en que se haga la designación, nombrará de entre los Magistrados al que será Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este durará tres años en su cargo.”

Como pueden advertir, no existe la figura de la reelección en la Constitución Política del Estado. Si la intención del legislador fuera la de permitir la reelección, así lo hubiere establecido con una frase como “pudiendo reelegirse por periodos consecutivos”

Por lo que desde Abril de 2014, el nombramiento del Presidente del Poder Judicial Daniel Gallo Rodríguez es inconstitucional, pues cualquier norma secundaria que le permita dicha reelección es contraria a nuestra constitución, y por lo tanto nula de pleno derecho.

Y para colmos, el próximo martes 4 de Abril de 2017, dicho personaje por tercera ocasión seguramente pretenderá reelegirse como ya lo ha expresado a diferentes medios periodísticos de compañeros de prensa, violentando la constitución como ya lo hemos mencionado.

Como se puede observar sin duda estamos en manos de todos unos Sicarios de la ley empezando por su primera victima nuestra Carta magna local, solapados por nuestro Congreso que no es capaz de vigilar el cumplimiento de la Constitución, pero que podemos esperar de ellos si ni siquieran leyeron el famoso “MAGISTRADAZO” y su haber de retiro, gol que les metieron en aquel trágico Diciembre; y ni que esperar de nuestro Gobernador, que es el primero en violentar la ley por omisión, secundado por estos secuaces ignorantes de la carta magna.

¿Pero que efectos puede tener toda esta serie de irregularidades?

Pues al tratarse de un órgano colegiado ilegal, todas sus determinaciones son ilegales, pues no tienen efecto legal alguno.

Recordemos todas las facultades que tiene un Presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero sobre todo las facultades del tan traído Consejo de la Judicatura, que como podemos ver, nació con problemas legales.

Pero a sabiendas que el citado Consejo será el encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, entonces todas sus determinaciones pueden ser impugnadas por ser ilegales. Como son: nombramiento de jueces, sanción por responsabilidades administrativas de jueces, manejo de recursos financieros, manejo de el fondo auxiliar del poder judicial, es decir, todo sería ilegal, cualquiera pudiere impugnar una determinación del citado consejo y al declararse ilegal no pudiere tener efectos jurídicos.

Ejemplo.- la sanción a un juez corrupto, que después de un procedimiento administrativo es destituido, este lo impugna y se nulifica, pues es un consejo de la judicatura ilegal, y por tanto sus determinaciones no pueden surtir efectos…. Lo que es igual: IMPUNIDAD TOTAL.

Dicho Consejo y su presidente, manejaran los millonarios recursos de el Fondo Auxiliar, todo, todo señores, de manera ilegal.

Se los dejamos de tarea, ¿en manos de quien esta la administración de justicia en Baja California Sur?. Pareciere que la respuesta correcta es: En unos ignorantes y violadores de nuestra constitución.

ATENTAMENTE

ASOCIACION LEXA BCS, A.C.
Por una cultura de legalidad.

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